San Salvador, 13 de julio de 2010.

Ante la ola criminal que sufre El Salvador, el Grupo Parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), propuso hoy que se apruebe reformas al Código Penal para que quien atente contra la vida de un policía o un militar sea castigado con prisión de 15 a 25 años, que un agente de pueda utilizar armas de fuego en defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte o lesiones o de sentirse amenazado y que toda persona que extraviare o le fuera robada un arma de fuego deberá presentar por escrito en un tiempo máximo de tres días hábiles la debida denuncia.

Además, el partido de la Nueva Derecha propone que la vigencia de las 680 mil placas a renovar a partir de 2011 sea para 10 años, y que el 60% de lo recaudado se traslade al presupuesto de Seguridad Pública y Justicia.

“Si el que disparare un arma de fuego lo hace contra un miembro de la Policía Nacional Civil o un miembro de la Fuerza Armada que de acuerdo a lo establecido en la Constitución se encuentre desempeñando funciones de seguridad pública, aunque no causare lesión alguna, será sancionado con prisión de 15 a 25 años; a menos que la acción esté amparada en las causas establecidas en el artículo 27 de este código”, reza la propuesta de agregar un cuarto inciso al Artículo 147-A del Código Penal.

Desde el asesinato de dos antimotines y 10 policías heridos de gravedad en el ataque el BPJ liderados por Mario Belloso el 5 de julio de 2006, no han cesado otros atentados contra agentes policiales.

Durante 2010, al menos cuatro casos sonados de asesinatos de policías ocurrieron en distintos puntos del país. El caso más condenado fue el de la masacre de un policía, su madre y dos hermanas de 11 y 21 años, ocurrido en Colón, La Libertad, el pasado 15 de junio. Hace tres semanas, el 25 junio, otro agente, dos hermanos y un empleado judicial fueron masacrados en el cantón Comecayo de Santa Ana.

Más propuestas

En cuanto al extravío o robo de un arma de fuego, GANA propone reformar la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, en la cual se agregaría el literal g) al Artículo 24, a fin de que los interesados dispongan del tiempo necesario para hacer la respectiva notificación a la PNC y Ministerio de Defensa, a través de la Oficina Nacional del Registro de Armas.

Según el Registro de Armas, hasta el pasado 15 de junio, de 218 mil 037 armas registradas, 127 mil 968 no han renovado sus permisos, lo que equivale al 58%.

El Diputado Erick Campos, de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, sostuvo que “a raíz de la delincuencia actual muchas de estas armas han sido robadas a sus dueños originales, lo que crea un grave problema a la hora de actualizar el registro permitente en esta materia”.

Además, cuando al emplear la fuerza o ar mas de fuego, los miembros de la PNC ocasionen lesiones o muerte, comunicará el hecho de inmediato a sus superiores, lo que debe ser comunicado a los parientes o personas cercanas en amistad de los afectados por las autoridades competentes.

“Es importante dotar a los miembros de la Policía Nacional Civil de mayores facultades en el uso de armas de fuego, así como brindarles protección en la normativa jurídica, tanto penal como en materia policial, garantizando el control de la delincuencia, con un accionar policial acorde a las exigencias de la peligrosidad a que se enfrentan en el cumplimiento de sus funciones”, reiteró el Diputado Campos.

Estas propuestas se suman a las que la Gran Alianza por la Unidad Nacional hizo a mediados de junio, en el sentido que se aplique la pena de muerte en los casos de homicidio agravado, secuestro, actos de terrorismo y violación, que se persiga y combata a las pandillas como grupos terroristas, que se penalice como actos de terrorismo los atentados al transporte público de pasajeros, que se aplique un régimen de excepción en los municipios más violentos del país, y que los remanentes del Presupuesto Nacional se destinen al ramo de Justicia y Seguridad.

Las iniciativas de GANA surgen ante los niveles de violencia en nuestro país, generados principalmente por las maras o pandillas y el crimen organizado, que han llegado a niveles alarmantes, a tal punto que en lo que va del año las autoridades confirman un total de 2 mil 278 homicidios, la mayoría ordenados desde las cárceles.  Se suman los asaltos a mano armada, secuestros y extorsiones que mantienen en zozobra a la población salvadoreña.